El derecho à la movilidad En el Mediterráneo Y la definición de frontera europea.

En noviembre de 1995, la Conferencia de Barcelona estableció la Asociación Euromediterránea entre los entonces 15 Estados miembros de la UE y doce países del Sur y del Este del Mediterráneo (Países Asociados Mediterráneos; PAM). En su momento, la Asociación Euro mediterránea (AEM) despertó grandes esperanzas y expectativas como proceso que encarnaba una alternativa europea a la por entonces ya formulada teoría del choque de civilizaciones, una respuesta a los riesgos que entrañaba la globalización para los países menos desarrollados de la región y una dinámica regional basada en la responsabilidad compartida, el diálogo político y la cooperación. Los objetivos que se proponía la AEM eran nada menos que “hacer de la cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad”, “consolidar la democracia y el respeto de los derechos humanos, lograr un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, luchar contra la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas”.
Han pasados ya 13 años y grandes cambios han intervenido. El número de los adherentes es aumentado: los 25 del UE y los 9 del PAM (Países Asociados Mediterráneos) más la integración de Malta y Chipre y la abertura de las negociaciones con Turquía; pero mucho de las cuestiones principales sobre que la asociación quiso intervenir, todavía quedan no resueltas. Sin embargo, entre este hay, la tutela y el respeto del derecho a la movilidad de las personas, uno de los derechos fundamentales del hombre (art13). La insistencia cada ano de miles de personas que intentan de eludir los controles fronterizos arriesgando sus propias vidas para alcanzar las orillas Norte de la presa dejan suponer cuanto menos una radical revisión de la política de entrada que el UE observa hacia los países terceros.
Europa hoy carece de una política común en materia de migración. En parte ha tratado de intervenir de manera más decidida con la política europea de vecindad (PEV), inaugurada en el 2007. La PEV se ha consolidado rápidamente como un nuevo marco de las relaciones entre la Unión Europea y los países fronterizos del Sur del Mediterráneo (realmente también los países de l'este Europa) hasta el 2013. No supone de abandonar el cuadro más general de l'Associacion Euro mediterránea, en el que se inscribe la PEV, per si redefine sus prioridades y sus modalidades de funcionamiento: mientras la AEM se consolida como marco de cooperación multilateral a nivel regional, las PEV la complemente como instrumento principal de la cooperación bilateral con los países del Sur. La nueva Política Europea de Vecindad esta plenamente operativa desde principios de 2007, con la entrada en vigor de las nuevas Perspectivas Financieras de la Unión Europea y la creación del nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación que subsumirá todos los actuales fondos europeos de cooperación con sus regiones fronterizas, en el caso mediterráneo los fondos Interreg y los fondos MEDA. Entre sus prioridades se encuentra la de "promover mejores condiciones y modalidad paragarantizar la movilidad de las personas". Pero observando de manera cuantitativa y cualitativa el fenómeno, emerge el carácter puramente elitista de estos programas y emergen los límites de una aproximación puramente económico y mercantilista hacia los fenómenos migratorios. 
En esto sentido la PEV impone que la migración se gestiona en países de originen como condición determinante para adoptar acuerdos económicos y comerciales con la UE.
La ausencia de canales de entrada legal y la falta de intervenciones idóneas por practicar una auténtica solidaridad con los habitantes de los países de la orilla sur, se manifestó cómo las instituciones comunitarias se hayan hasta ahora desinteresados de la efectiva tutela del derecho a la movilidad, dejando que sean directamente los estados miembros confinantes a ocuparse de la gestión de los flujos, como por ejemple, a través el sistema de cupos. Por cuánto concierne el control de las fronteras marítimas, en la Comunicación de la Comisión al Consejo de la unión europea del 30 de noviembre de 2006 se subrayaron, más allá del nivel de cooperación regional dentro del PEV, otras medidas complementarias de actuar enseguida, entendidos a combatir la inmigración ilegal, proteger a los refugiados y reforzar el control y la vigilancia de las fronteras marítimas externas". La política que los estados europeos adoptan para el control y la vigilancia de los confines se configura cada vez más como una acción preventiva que coincide con el punto en que las personas en movimiento parten. La UE ha externalizado y deslocalizado gran parte de la gestión de su fronteras, estableciendo eterminados procedimientos relativos a lo controles fronterizos como la obtención de los visados fuera de su territorio. La frontera sur de Europa resulta ser una línea de confín móvil y selectivo que alimenta discriminación entre “deseable” e “indeseable” para la UE. La consecuencia de esta falta de política de tutela del derecho a la movilidad se traduce en al menos 8.114 personas ahogadas intentando superar las fronteras de los Países de la unión europea del 1998 al 2007.

Deriva la imagen de una "Europa llena de miedos, principalmente preocupada de la misma seguridad y absorta a combatir la inmigración antes que tendida al desarrollo sostenible agorado y necesario". Justo la imagen que el Parlamento europeo se propuso de borrar con la resolución del 2004 por la aprobación de los acuerdos de vecindad.